Descripción
El centro de emergencia para víctimas de trata incorpora un perfil de asesora jurídica para integrarse en su equipo multidisciplinar. El puesto tiene un enfoque integral en la asistencia legal, social y de protección a mujeres que han sufrido explotación. La profesional será responsable de brindar orientación y acompañamiento legal directo, asegurando que las usuarias comprendan sus derechos y los procedimientos legales disponibles. Esta labor es esencial para empoderar a las víctimas y facilitar su acceso a la justicia, actuando como un puente crucial entre el ámbito social y el jurídico. Además del asesoramiento individual, se desarrollarán intervenciones grupales que fomenten el conocimiento colectivo y el apoyo mutuo entre las mujeres acogidas en el centro. Otra función clave es la elaboración de informes técnicos y jurídicos detallados que documenten los casos, sirvan para procesos judiciales o administrativos y contribuyan a la evaluación continua del servicio. La coordinación con otros recursos sociales, sanitarios y policiales es un pilar del trabajo, asegurando una red de apoyo sólida y derivaciones efectivas cuando sea necesario para la protección integral de la persona. El rol también incluye participar en actividades de investigación sobre el fenómeno de la trata, así como en acciones de sensibilización y divulgación destinadas a prevenir este delito y visibilizar los recursos de ayuda existentes. La persona que ocupe este cargo debe adaptarse a las dinámicas de un entorno de crisis y alta vulnerabilidad, priorizando siempre la seguridad y el bienestar de las usuarias. El trabajo se desarrolla dentro del marco del convenio de intervención social, lo que garantiza unas condiciones laborales claras y los derechos correspondientes a la categoría profesional establecida. La incorporación al equipo permite contribuir de manera directa y significativa a la restauración de la dignidad y los proyectos de vida de las mujeres supervivientes. Requisitos
Se requiere titulación universitaria oficial en Derecho, con especial valoración de formación o experiencia previa en ámbitos como el derecho social, penal o de extranjería. Es imprescindible contar con experiencia demostrable, mínima de dos años, en intervención directa con personas en situación de vulnerabilidad, preferentemente en el contexto de violencia de género, trata de seres humanos o protección internacional. Se valorará positivamente el conocimiento de los recursos públicos y del tercer sector especializados en atención a víctimas, así como habilidades para la redacción de informes técnicos y la coordinación en red. Se ofrece
El contrato es de sustitución por un año, con fecha de finalización el 31 de agosto de 2027, bajo las condiciones del convenio colectivo de intervención social, grupo profesional 1. La jornada laboral es parcial, equivalente al cuarenta por ciento de una jornada completa, con una dedicación de quince horas semanales distribuidas en horario de miércoles por la mañana y tarde, jueves por la tarde y viernes por la mañana. La remuneración bruta anual se establece en doce mil euros, conforme a lo estipulado en el convenio aplicable para esta categoría y jornada. La incorporación al puesto es de carácter inmediato, previa coordinación con la dirección del servicio.