Descripción
La posición está orientada a la provisión de asesoramiento técnico y defensa jurídica en todas las materias que competen a la entidad. Las responsabilidades principales incluyen la gestión integral de los procesos judiciales y administrativos, coordinándose de manera constante con las asesorías externas designadas. La persona titular de este puesto se encargará de representar y defender a la organización en procedimientos judiciales, tanto ante administraciones públicas como ante entidades privadas, extendiendo esta representación al personal directivo y profesionales vinculados laboralmente con la fundación cuando su participación sea requerida en virtud de su cargo. Adicionalmente, se podrán desempeñar funciones de asesoramiento y secretaría para el patronato de la organización, lo que implica un conocimiento exhaustivo de sus estatutos y procedimientos internos.El ámbito de trabajo abarca la defensa de la fundación frente a informes de inspección, la Cámara de Cuentas, la Intervención General y cualquier otro órgano fiscalizador de la actividad institucional. Esto conlleva garantizar el cumplimiento normativo de todas las actuaciones realizadas por la organización. Se requiere un asesoramiento general de carácter continuo, con especial énfasis en las áreas administrativa y civil. Entre las tareas específicas se encuentra la aplicación de las funciones atribuidas al servicio de asesoría jurídica según la Ley de Contratos del Sector Público, incluyendo la revisión de pliegos y documentos administrativos, la preparación de informes y recursos para su presentación ante tribunales y órganos administrativos competentes, así como el seguimiento y evaluación del ciclo completo de los contratos.
Otra faceta importante del rol es la gestión e instrucción de expedientes de responsabilidad patrimonial y todos aquellos trámites vinculados con las compañías aseguradoras. También comprende la realización de informes jurídicos vinculados a convenios de colaboración y la elaboración de documentación necesaria para las relaciones con instituciones públicas y privadas. Se deberá prestar asesoramiento y gestión en materia de protección de datos y en todo lo relacionado con los bienes de titularidad pública que administre la fundación. Finalmente, la persona deberá ejercer cualquier otra función que le sea encomendada por la gerencia o las direcciones correspondientes, adaptándose a las necesidades dinámicas de la organización.